La ley del litoral: tras el Constitucional, es el turno de la política
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El Gobierno todavía no ha explicado cómo va a hacer cumplir la sentencia
25 abr 2024 . Actualizado a las 10:27 h.La Xunta solicitará los medios para aplicar la ley del litoral, basándose en que ha sido avalada por el Constitucional; y la conselleira, Ángeles Vázquez, dijo que ahora la Xunta podrá trabajar «con tranquilidade». Ya veremos.
El Gobierno guarda silencio. Ayer rechazó explicar cómo va a actuar y qué opina de la sentencia del Constitucional. Desde el Ministerio de Transición Ecológica se informó de que no lo harán hasta conocer el dictamen.
La ley puede ser válida, pero su aplicación depende de los funcionarios y los políticos elegidos para gestionar las Administraciones. Son ellos quienes deben acordar cómo y cuándo se transferirán los medios y servicios necesarios para aplicar la ley —es decir, la Demarcación de Costas— del Ejecutivo a la Xunta.
La sentencia evitará que Galicia tenga que reformar su Estatuto para gestionar esos servicios. Es decir, la pone en plano de igualdad con Cataluña, Andalucía, Baleares o Canarias, a las que el Gobierno sí reconocía capacidad para gestionar su litoral.
Pero una cosa es que se les reconozca, y otra que se entregue lo necesario para hacerlas valer. En enero, Baleares y Canarias unieron fuerzas porque «las competencias fueron transferidas sin medios». El conflicto ha ido a más. Esta semana, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo (CC), anunció que acudirán al Tribunal Constitucional para que el Estado haga efectiva su plena competencia, ya que el Ministerio de Transición Ecológica afirma que parte de los expedientes siguen siendo de su responsabilidad, aunque el Estatuto canario dice que «toda ocupación de los bienes de dominio público marítimo-terrestre estatal que necesite concesión corresponde al Gobierno de Canarias».
Por lo tanto, mientras el Gobierno no explique cómo va a hacer cumplir la sentencia, no se puede descartar un escenario de conflicto, en el que la Xunta tenga reconocida su capacidad para gestionar el litoral, pero no pueda hacerlo porque no se le transfieren los medios o porque no se le reconocen las competencias sobre parte de los trámites.
Los precedentes tampoco ayudan a descartar esa situación. El Gobierno presentó el recurso contra la ley del litoral sin mantener negociación alguna previa con la Xunta. El conflicto sirvió además para replicar al expresidente de la Xunta y hoy líder de la oposición, Alberto Núñez Feijoo, en el Senado. La decisión se anunció en una rueda de prensa en la que la ministra Isabel Rodríguez, entonces portavoz, dijo que estaban velando «por el cumplimiento de la Constitución». El Constitucional no ha visto tal necesidad.