El juez concede diez meses de plazo al Concello para que prepare la clausura de la estación depuradora de Reza

Atascado como se encuentra el procedimiento administrativo y político para la construcción de la nueva estación depuradora de aguas residuales (EDAR) en Reza, al lado de las actuales instalaciones, el Concello de Ourense sigue ganando tiempo para retrasar el cumplimiento de la orden de derribo de la construcción actual. La administración local ha obtenido un plazo de diez meses, «para que proceda al cumplimiento total y efectivo» de la sentencia del 2003 que anuló la licencia municipal, con lo cual quedaba la instalación condenada a su clausura efectiva.

Un auto del juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Ourense del pasado 4 de marzo, recién notificado a la administración local, ha otorgado un nuevo margen para que el gobierno municipal pueda ofrecer una solución aceptable para la construcción de la nueva depuradora, que permita cerrar la actual por los perjuicios que ocasiona a los vecinos de Reza.

Anteproyecto y retrasos

La acumulación de retrasos está siendo una constante en la gestión de este asunto por parte del Concello de Ourense y la Confederación Hidrográfica, sin que tampoco se hayan cerrado acuerdos convincentes entre el gobierno municipal y los vecinos que han tenido que sufrir las molestias del funcionamiento de la depuradora.

Un informe de la Confederación Hidrográfica remitido por el Concello al juzgado de lo contencioso detalla que el junio del 2009 se adjudicó el contrato de asistencia técnica para la redacción del anteproyecto de nueva EDAR de Ourense a la empresa Saitec S.A., cuya finalización estaba prevista para febrero del 2010, junto con el preceptivo estudio de impacto ambiental.

Pese a ello, a mediados de febrero, «aunque se encuentra finalizada la redacción del anteproyecto», decía el director técnico de la Hidrográfica del Miño-Sil, «todavía no se han podido concluir los trabajos de redacción del estudio de impacto ambiental». Atribuía el mismo técnico tal retraso a que no se habían recibido de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental las contestaciones a las consultas realizadas a distintas administraciones y entidades afectadas en relación con otro documento ambiental inicial.

El Concello de Ourense se está viendo obligado durante los últimos meses a explicar en el juzgado los pasos que está dando para poder cumplir con la sentencia de diciembre del 2003.

Las negociaciones con los afectados están pendientes de conocerse el anteproyecto.